La alcaldesa de Isla Cristina, la independiente Antonia Grao, consumó definitivamente ayer el expediente de regulación de empleo adoptado por el equipo de Gobierno tripartito (PIF-PP-CxI) por el que el próximo martes, 1 de marzo, se quedarán sin empleo un total de 80 trabajadores municipales, cuyas indemnizaciones ascenderán a algo más de 593.741 euros, según se pone de manifiesto en el documento oficial al que ha tenido acceso Huelva Información
El visto bueno definitivo al ERE lo presentó la alcaldesa en el transcurso de un pleno extraordinario en el que evitó cualquier tipo de debate con los grupos de la oposición, al presentar la medida como una Resolución de la Alcaldía, por la que únicamente debe dar cuenta de las decisiones.
La Resolución de la Alcaldía, en la que constan los datos de los 80 trabajadores afectados por el ERE, explica que las indemnizaciones deberán ser abonadas en un periodo de 24 meses, con pagos iguales mensuales a partir del mes de abril de este mismo año, si bien contempla que se puedan reducir los plazos en función de la situación de la Tesorería Municipal, dando preferencia a las indemnizaciones inferiores a 2.000 euros.
Las compensaciones oscilan entre los cero euros, para aquellos trabajadores que se encuentran en situación de excedencia voluntaria, y los 27.406,28 euros, para los que acumulan más antigüedad laboral, pasando, por ejemplo, por algunos que recibirán menos de 200 euros (por ser más reciente su última relación contractual con al Ayuntamiento).
Los criterios que se han tenido en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por el ERE, según se recoge en la resolución, son el respeto de las “prioridades de permanencia previstas legalmente, respecto de los laborales fijos y representantes legales de los trabajadores”, así como el “mérito y capacidad por categorías profesionales y atendiendo a las necesidades del servicio, y por antigüedad en la empresa, entendiendo éste como el último contrato donde nace el carácter de indefinido en la relación laboral”.
No hubo posibilidad de debate alguno y fue la secretaria municipal la encargada de dar lectura al documento, tras lo cual tampoco hubo votación. Un hecho que indignó a los grupos de la oposición (PSOE y PA), cuyos portavoces “en señal de protesta y para solidarizarse con los afectados por el ERE” decidieron no intervenir en ninguno de los restantes puntos del pleno, salvo en el apartado de Ruegos y Preguntas, para anunciar la petición de una sesión extraordinaria dedicada a debatir sobre el expediente regulador.
El portavoz socialista, Julio Suárez, explicó después de la sesión plenaria que la petición ya está formalmente registrada y solicitada (ayer mismo) porque “creemos que es importante dedicar un pleno exclusivamente a debatir un asunto tan importante como es el hecho de que 80 personas se queden en la calle”. Según precisó, la alcaldesa “ha evitado debatirlo en el pleno ordinario de este jueves, por lo que ya no solo estamos contra del ERE en sí, sino también contra las formas de tramitarlo del equipo de Gobierno”, las cuales según sus palabras han sido de una “total desconsideración hacia los trabajadores y sus familiares”.
El portavoz andalucista, Francisco Zamudio, señaló en un comunicado que “una de las sesiones más trascendentales para el Ayuntamiento y el pueblo de Isla Cristina de la última década, ha sido despachada por el tripartito en un tiempo récord de apenas media hora”.
Según Zamudio, la alcaldesa “ha llevado a cabo su amenaza de despedir a 80 trabajadores, el 33% de los laborales, de forma sectaria y partidista, bajo la premisa de la mala situación económica por la que atraviesa el Consistorio, a pesar de estar liberados los doce concejales del tripartito (PIF-PP-CxI), de mantener a seis tenientes de alcalde y de realizar contrataciones opacas en la Mancomunidad de Islantilla”.
También respecto al ERE, Zamudio señaló que “acaba aquí la hora del equipo de Gobierno y empieza la de los jueces”, en referencia a los diversos recursos y alegaciones que los sindicatos, la Plataforma de Afectados y los trabajadores a título individual, han iniciado en los juzgados “con el fin de tumbar el ERE.
Al pleno también asistieron como público una veintena de afectados por el ERE, que mostraron su rechazo a la medida.
La Resolución de la Alcaldía ratifica los argumentos en los que hasta el momento se ha valido el equipo de Gobierno para justificar el expediente regulador, que se centran fundamentalmente en la “pésima” situación económica de las arcas municipales como consecuencia de la gestión del anterior bipartito (PSOE-PA), y por tanto en que es “absolutamente insostenible en el orden económico el mantenimiento de una plantilla, en la actualidad con los contratos al 100%, que impide al Ayuntamiento cumplir con sus obligaciones” lo que llevó a considerar “irremediablemente el Expediente de Regulación de Empleo por circunstancias económicas”.
