Incorporación al Real Consulado de Sanlúcar de Barrameda, en el Documento del mes de Isla Cristina

DOCUMENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

Archivo Municipal de Isla Cristina, Leg. 1334, Incorporación al Real Consulado de Sanlúcar de Barrameda.

El Consulado de Sanlúcar de Barrameda fue una institución creada en 1805, que comprendía toda la costa atlántica andaluza, desde la desembocadura del Guadiana hasta la desembocadura del Guadalquivir, incluyendo Chipiona, Rota y Sanlúcar, ciudad donde tenía su sede y que le daba nombre.

Sin embargo, sus comerciantes ya venían estando asociados en el Real Consulado de Cargadores a Indias, primero con sede en Sevilla y luego en Cádiz, coincidiendo con el traslado efectuado en el siglo XVIII de la Casa de la Contratación a dicha capital.

El Consulado, además, se creó de manera paralela a la efímera provincia del mismo nombre.

En el caso del documento que nos atañe, como reza su portada, son unas “Diligencias practicadas sobre explorarles su voluntad a D. José Soler, D. José Pascual, D. Cristóbal Casañes, D. Jaime Llavina y D. Nicolás Parravicini, en orden a su conformidad o disentimiento para incorporarse en la Matrícula en el Real Consulado de Sanlúcar de Barrameda”.
En una junta celebrada por los directivos del Consulado el 13 de septiembre de 1806 se determina que los señores nombrados podrían incluirse en el ramo de “Hacendados y Traficantes de Pescados”, dentro de la Real Isla de la Higuerita.

Así se le hizo saber al entonces Gobernador Militar y Político de la Real Isla, el teniente de navío D. Carlos Rodríguez de Rivera, para que se encargara de “examinar la voluntad de dichos señores”.

Fueron convocados a consultas, y ante el Gobernador y el escribano público, Roque Barcia padre, el 30 de octubre se reunieron en las Casas Capìtulares, con la ausencia de D. José Pascual “por resultar ausente en el Reino de Cataluña”.

Todos los demás expresaron el enorme agradecimiento y distinción con que el Consulado los honraba para que pertenecieran al mismo para, acto seguido, negarse a pertenecer puesto que “sus familias, casas y bienes raíces no las tienen en el distrito de esta Provincia y sí en sus tierras de Cataluña”.

Curiosamente, esta fue la misma respuesta que recibiera Sebastián José de Carvalho y Melo, el Marqués de Pombal, cuando instó a los comerciantes catalanes a trasladarse desde Monte Gordo a la recién creada población de Vila Real de Santo Antònio, hecho repetido treinta años después, aunque como sabemos por los diversos censos y padrones de la época, su residencia, sus familias y sus bienes, los tenían en la Real Isla de la Higuerita, donde todos ocuparon cargos públicos y eran “personas principales de la población”.

 

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